Para entender las responsabilidades e imperativos del Estado y los actores nacionales de hoy, es esencial conocer el pasado. El caso de la Corte Suprema de Justicia provee una ventana rica a la comprensión del Estado contemporáneo del Ecuador. El 8 de diciembre de 2004, una coalición de actores en el Ejecutivo y Legislativo reestructuraron la más alta corte del Estado. No era la primera vez. La composición de esta corte en 2004 se derivaba de otra reestructuración, ocurrida en 1997, cuando otra emergente coalición de actores partidiarios en la Presidencia y el Congreso canalizaron el rechazo popular, para cooptar nuevos espacios del Estado, en este caso en la rama judicial, previamente ocupados por sus adversarios políticos. El principal ganador de esta operación, la que involucró, además, un cambio de Constitución y la instauración de un nuevo sistema de selección de jueces, fue el Partido Social Cristiano. Los jueces destituidos en 2004 se alinearon con el rechazo popular, expresado por los forajidos, como los tildó el expresidente Lucio Gutiérrez, y demandaron el mismo mes al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violar sus derechos humanos, afectando la independencia judicial.
Este libro sale al calor de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabiliza al Estado, pero no a los actores que pugnaron dentro de él a costa de los derechos y vulneraron la independencia judicial.